lunes, 5 de noviembre de 2012

INSERCIÓN DE LAS TICS EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA. Aporte de Paola Pozzobón

Entrevista a Ramón Geronimo Brenna (Argentina) 

Entrevistador José Luis Tesoro (Argentina) 

1.- ¿Cómo percibes, con una perspectiva panorámica, la creciente inserción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el ámbito de la Justicia? 
La inserción de las TIC en el ámbito de los Poderes Judiciales no se ha apartado del proceso general de inserción de estas tecnologías al resto de las actividades en nuestras sociedades modernas y ha acompañado, con cierta saga en cada momento histórico, la evolución del hardware, del software y del estado del arte de sus aplicaciones.

Por ejemplo, desde el punto de vista del hardware, las primeras aplicaciones que datan de los años 1970 utilizaban instalaciones centrales “mainframe” que procesaban datos en lotes (“batch”). Luego aparecieron equipos departamentales multiusuarios, más tarde hicieron su eclosión las computadoras personales y las redes. Desde el soft, las primeras aplicaciones mostraban cierto carácter rudimentario y su focalización en determinados sectores de la actividad. No constituían soluciones pensadas para el Poder Judicial.

Puede decirse que la primera gran aplicación judicial de TIC en la Argentina fue la informatización del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, organismo auxiliar de la Justicia y en el Poder Judicial, de manera casi coetánea, la informatización de la gestión de la Mesa de Entradas de la Cámara Civil y el sistema de Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.

Mas tarde, hacia fines de la década de 1980, se produce la primera gran automatización de la gestión de Juzgados, cuando se informatizan los Juzgados de primera instancia del Fuero Laboral de la Capital y luego su Cámara de Apelaciones.

Allí nace la idea de desarrollar sistemas para resolver los problemas reales de gestión de los Poderes Judiciales. Ya no se venden sistemas pensados para otras aplicaciones y luego adaptados forzadamente para las aplicaciones judiciales, sino que aparecen sistemas ideados y desarrollados para resolver la problemática judicial. Esto produce un “derrame” y los procesos de incorporación de TIC se extienden a los Poderes Judiciales provinciales, durante la década de los noventa y la presente.

El proceso ha sido incremental y hoy en la Argentina existen experiencias de informatización de la gestión judicial en tribunales de las Provincias de Neuquén, Salta, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego, Corrientes, promediando un proyecto sumamente interesante e integrador de todo el Poder Judicial provincial. Existen también proyectos en el inicio de su desarrollo como los de Santa Fé y San Luis.

Se ha generado un mercado que está adecuadamente atendido por productos desarrollados por empresas argentinas, que ofrecen buenas soluciones a los problemas propios de la actividad judicial.

2.- ¿Cuáles son, a tu criterio, las áreas de mayor impacto potencial de las TIC en la Justicia?

Es difícil pensar en algún área de Justicia que no pudiese ser impactada fuertemente por la inserción de las TIC. También es difícil mencionar alguna tecnología que no pueda ser aplicada en el área de Justicia.

En un sistema actual de gestión de juzgados, por ejemplo, se encuentran elementos tradicionales de la informática y de las comunicaciones junto con los aspectos más novedosos, como Internet e imágenes. Sin embargo, es doloroso decirlo, las organizaciones judiciales son en realidad las “cenicientas” de las organizaciones, y durante varias décadas se han mantenido prácticamente al margen de la inserción de nuevas tecnologías.

Los sistemas de gestión judicial, de los que venimos hablando, atacan el problema de la oficina judicial como oficina administrativa. De forma mediata, al agilizar y potenciar los flujos de información, también perfeccionan la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto?, que cuando uno ve el sistema de gestión judicial piensa que su repercusión, ese impacto de transformación, de cambio, va a ser muy fuerte sobre lo que es la función administrativa, en esa organización judicial, en ese juzgado, en esa cámara, etc.; porque ahí vamos a ver, de manera patente y clara, cuáles son las transformaciones que vamos a lograr con la aplicación de los sistemas de gestión automatizada.

En los sistemas escritos, que son mayoría en la Argentina, una función como la notificación a las partes y abogados consume gran parte del tiempo de un proceso, alargándolo sin justificación. La utilización de la notificación electrónica marca allí una notoria diferencia.

Pero también pareciera que la tecnología incide en forma menor sobre la labor del Juez, que es el centro de decisión de esa oficina judicial administrativa. En ese nivel, el reflejo de la automatización sería de menor impacto.

Pero lo que ocurre en realidad es que, mediatamente, al agilizar y potenciar los flujos de información, facilitamos y perfeccionamos la toma de decisiones de ese centro de decisiones personificado por el Juez.

Los retos para las TIC en relación con la Justicia son siempre:
a. Aumentar la capacidad de trabajo en la oficina judicial.
b. Reducir los tiempos de operación, y por ende reducir la duración de los litigios.
c. Simplificar las tareas burocráticas con la posibilidad de recuperar capacidad de pensar para funcionarios y empleados judiciales. En general las TIC tienen un amplio espacio para automatizar tareas repetitivas y no creativas en las oficinas judiciales, contribuyendo a que los actores recuperen capacidad para pensar y trabajar más grata y útilmente en las tareas que realmente demandan su capacidad intelectiva.
d. Permitir ofrecer a las partes y sus letrados la información sobre el desarrollo de sus causas, de manera rápida, sin necesidad de desplazarse hasta el Juzgado.
e. Lograr mayor capacidad de gestión y mayor control de los jueces sobre los asuntos que tramitan en sus juzgados, tribunales, salas de cámaras, cámaras o Cortes, y que deberán ser resueltos por ellos.
f. Integrar los distintos organismos judiciales entre sí y a éstos con los de otras jurisdicciones.
g. Ofrecer información que permita el salto no sólo cuantitativo sino sustancialmente cualitativo en la oficina y finalmente, como corolario de todo el potencial enunciado, mejorar en la calidad del producto Justicia. 


3.- ¿Cómo percibes la evolución de los países de América Latina y del Caribe en el aprovechamiento del potencial de las TIC en la Justicia? 

Si bien es de gran importancia e interés seguir adecuadamente la evolución en el área, debemos reconocer que no son muchos los estudios realizados y disponibles sobre el particular.

Cabe destacar un primer estudio sobre el impacto de las TIC en la justicia de Ibero América. Se trata de un trabajo en el que se analiza el desarrollo de las tecnologías y su uso en el ámbito judicial, a partir de datos obtenidos de organismos internacionales y de cuestionarios respondidos por los poderes judiciales de estos países, que fuera presentado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, y realizado por encargo de esta institución. En ese estudio, Brasil y Venezuela encabezan el índice de desarrollo de la “justicia electrónica” (como la denominan en el documento), entre los veintidós países iberoamericanos, siendo los dos únicos países que superan el nivel de 0,5 en una tabla que oscila entre el 0 (desarrollo mínimo) y el 1 (desarrollo máximo). Les siguen países como Argentina, Puerto Rico, Costa Rica y El Salvador, todos ellos con un índice por encima del 0,4. En un tercer grupo, entre el 0,3 y el 0,4, se sitúan Portugal, Chile, México, República Dominicana, Cuba y España. Los países con menor implantación de las TIC en su administración de justicia son Uruguay, Honduras, Panamá, Guatemala, Colombia y Perú.

En una primera parte, el estudio analiza el desarrollo de la sociedad de la información en la región, el cual guarda relación con las infraestructuras tecnológicas disponibles en cada país. Por ejemplo, el porcentaje del producto bruto interno destinado a las TIC que en los distintos países está entre el 5,9% y el 9%, el desarrollo del sector TIC, la alfabetización digital, y el marco político y legal en cada caso.

4.- ¿Cuáles son, a tu criterio, las experiencias más avanzadas y con mayor impacto en los países de la región? 

Es difícil contestar esta pregunta, pues en la respuesta antevienen factores subjetivos imposibles de medir y de omitir. En principio, me gustan muchas de las experiencias desarrolladas en Brasil, algunas de Venezuela y varias de nuestro país. Destaco también aplicaciones eficientes en nuestro vecino Chile.

Para tratar de objetivar, recuerdo que los investigadores que trabajaron en el documento al que hacíamos referencia, establecieron una tabla de más de veinte indicadores, a partir de cuatro estadios de evolución de las TIC.

El primer estadio individualizado en ese trabajo es el del tratamiento de la información, que contempla aspectos como la existencia de Web o boletines electrónicos, el desarrollo de bases de datos de normas legales y jurisprudencia o la posibilidad de conocer el estado de las causas de manera electrónica. En la República Dominicana, por ejemplo, existe una red de quioscos públicos de información sobre el estado de los expedientes judiciales y en Brasil hay un canal de televisión sobre temas de justicia exclusivamente. La mayoría de los países del área tienen muy extendido el uso de las tecnologías en este ámbito.

El segundo nivel se refiere a la aplicación de las TIC para la gestión de los expedientes judiciales, tanto de la oficina judicial como de la gestión documental o los casos y vistas. En Brasil y en Argentina, por ejemplo, las partes y sus abogados pueden recibir información por correo electrónico de cómo evoluciona su proceso judicial, cada vez que se emite un nuevo proveído. También funciona la notificación electrónica, si bien en modo experimental y no extendido. La firma digital está dando sus primeros pasos. En ambos países los sistemas de gestión judicial de expedientes se aplican con resultados satisfactorios.

El tercer estadio se refiere a la intensidad del uso de TIC en la relación entre la administración de justicia y los ciudadanos. Estamos en el campo del Gobierno Digital. Aquí se han medido aspectos como la posibilidad que tienen los usuarios de obtener formularios desde la red o presentar demandas en línea, la existencia de foros o la posibilidad de pleitos electrónicos. La mayoría de los países mencionados ofrecen la posibilidad de solicitar en línea distintos tipos de certificados, pero sólo en pocos casos, como es el de Chile, se pueden obtener en línea esos certificados. Chile ha avanzado en este punto y su experiencia es digna de seguir. En España hay experiencias concretas de prueba testimonial a distancia usando el recurso de la videoconferencia; los testigos no se encuentran en la sede del tribunal y son interrogados en línea y en tiempo real, como si realmente se encontraran frente al juez. Estos recursos se utilizaron, por ejemplo en el pasado, en el maxi proceso a la mafia en Italia, por razones de seguridad. En la Argentina hemos tenido experiencias en ese sentido en algunos casos penales de resonancia, pero no se ha avanzado decididamente en la aplicación más extendida de esta modalidad. Sin perjuicio de estas iniciativas, nuestros países se encuentran aún lejos de poder realizar un juicio totalmente en la red, como ya se ha hecho de forma experimental en Estados Unidos y Singapur. Esto no se debe al estado del arte, que permitiría hacerlo, sino a una sub-utilización de los recursos disponibles por razones legales y políticas.

El cuarto estadio abarcaría la aplicación de la tecnología y de la inteligencia artificial para la toma de decisiones judiciales, ámbito en el que el estudio no ha constatado ninguna experiencia relevante en la región iberoamericana.

En resumen, se ha avanzado mucho pero falta mucho más. Es evidente, siguiendo el proceso, que en nuestros países la incorporación de TIC es espasmódica y no responde a una visión estratégica, a una planificación ni a una política sostenida en el tiempo. Todos los procesos de reforma judicial puestos en marcha dedican un capítulo a la inserción de TIC, pero muchos de ellos no pasan de la formulación y la expresión de buenos deseos. Falta planificación, inversión y decisión política sostenida en el tiempo para llevarlos adelante y obtener resultados visibles.

5.- ¿Cuáles serían tus recomendaciones y sugerencias en relación a la inserción de las TIC en los Poderes Judiciales de los países de la región? 

Por un lado, resultan prioritarias las reformas organizacionales del proceso judicial conforme a la ampliación del uso de TIC, con Internet y las intranets y el establecimiento de formas de consulta en línea y en tiempo real, entre instancias jurisdiccionales del mismo y de distinto nivel. Esto es ya considerado como un requisito de eficiencia y eficacia para el debido proceso, en términos de una justicia a tiempo, eliminando las demoras innecesarias y la excesiva duración de las causas.

Por otro lado, las TIC son un sistema en constante cambio y las sociedades subdesarrolladas o en vías de desarrollo son también sistemas en cambio permanente. La escala, el "tempo" (el “timing”) y el contenido de ambos sistemas es diferente. Su relación mecánica produce un extraño resultado que ha sido definido por un querido profesor y amigo mendocino Horacio Godoy, como el síndrome USTeD (Uso Subdesarrollado de Tecnologías Desarrolladas).

En virtud del síndrome USTeD, la potencia tecnológica de las TIC queda reducida a las limitaciones del subdesarrollo y a la ignorancia de los usuarios.

Los países del área, Argentina incluida, deben poder salir del síndrome y utilizar las TIC en toda su potencialidad, en sus Poderes Judiciales.
Para ello se debe planificar, normalizar e integrar. Se debe invertir y se debe capacitar fuertemente a los recursos humanos. Hay que alfabetizar, tecnológicamente hablando.

Los sistemas son gestionados y dirigidos por personas y esas personas deben estar en capacidad de desenvolverse y aprovechar en su totalidad las facilidades que aportan estas nuevas herramientas.

Hay que pensar y hay que actuar de manera acorde con ese pensamiento. Elaborar políticas públicas en este sector; adoptar decisiones de acuerdo a ellas y, esto es fundamental, sostenerlas en el tiempo. Estamos hablando de proyectos de mediano a largo plazo, que no pueden quedar huérfanos al poco tiempo de ser iniciados.

Es una gran tarea, un gran desafío, pero no es imposible y debemos intentarlo

Fuente: http://www.educoas.org/restrictedsites/curso1/newsletter-mayo08/temadelmes34.html

2 comentarios:

  1. Es verdad lo que dice este señor, la justicia es la que más alejada se ha encontrado dentro de las TICS

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